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Las cadenas privadas piden al Gobierno eliminar la publicidad de los medios públicos

El presidente de Uteca pide que Ley General Audiovisual imponga a las televisiones públicas obligaciones de servicio público

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), la Asociación de Televisiones Digitales Autonómicas y Locales (Asodal), la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), la Asociación de Revistas de Información (ARI) y la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), organizaciones profesionales de medios de comunicación privados, han solicitado al Gobierno y al Legislativo la adopción de medidas urgentes para que las televisiones y radios públicas, autonómicas y municipales inicien un progresivo plan de reducción de publicidad, hasta su total desaparición, adoptando el modelo que impera en Radio Nacional de España y que es común en la Unión Europea.

Según estas organizaciones empresariales, el próximo fin de la televisión analógica, la inminente implantación de la era digital, en la que cada ciudadano recibirá señales audiovisuales con un sinfín de formatos, soportes y modalidades; el crecimiento casi exponencial de radios y televisiones de titularidad pública, la limitación del mercado publicitario y la ralentización inexorable de la economía, hacen inevitable e inaplazable estas medidas.

En la actualidad, las televisiones y radios públicas captan cerca de 1.200 millones de euros anuales de publicidad, que supone aproximadamente el 37% de sus gastos de explotación y el 18% del mercado publicitario en prensa, radio y televisión.

Las organizaciones profesionales de medios de comunicación privados consideran que la supresión de la publicidad en las radios y televisiones públicas favorecerá, entre otras cosas, el empleo adecuado de sus recursos (cumpliendo su papel de servicio público) y la adaptación de sus tarifas a la realidad del mercado sin sufrir la competencia desleal de las públicas. Esta adaptación de las tarifas provocará un descenso de la actual saturación publicitaria, con el consiguiente beneficio del espectador. “La publicidad que no contraten las televisiones y radios públicas podrá revertir al mercado”, añaden. Además sobrevivirán muchos medios de comunicación privados que en la situación actual y con la competencia desleal de las radios y televisiones públicas están abocados a su desaparición.

“Si no se adoptan estas medidas es muy posible que en los próximos años crezcan aún más los medios de comunicación públicos y disminuyan drásticamente los privados, con el consiguiente empobrecimiento del pluralismo y la pérdida de calidad democrática en España”, señalan.

En consecuencia, Uteca, Asodal, AEDE, ARI y la AERC instan al Gobierno y a las Cortes Generales para que adopten “urgentemente” medidas en este sentido, antes de que la situación empeore más y se haga irreversible a partir de 2010, fecha fijada para el apagón analógico de la televisión.

Futura Ley
Por su parte, el presidente de UTECA y de Tele 5, Alejandro Echevarría, ha solicitado que la futura Ley General Audiovisual imponga a las televisiones públicas obligaciones de servicio público y una progresiva y rápida reducción de su publicidad. Echevarría ha resumido en 8 los puntos que el Gobierno y las futuras leyes audiovisuales deben abordar para que el sector privado sea viable.

1.- Progresiva y rápida reducción de la publicidad en todos los canales de TVE y en el resto de las televisiones públicas, hasta que aquella desaparezca o sea testimonial.

2.- Una Ley General Audiovisual y Multimedia que imponga a las televisiones públicas obligaciones de servicio público; esto es, que no sean comerciales, que atiendan con sus contenidos a todos los gustos de la sociedad porque son todos los ciudadanos quienes las financian con sus impuestos, y que, tal y como ha aprobado el Parlamento Europeo el pasado 17 de abril, emitan toda su programación con subtítulos para sordos y audio descripción para ciegos.

3.- Prohibir a las televisiones públicas que realicen emisiones de televisión de pago.

4.- Que las televisiones privadas dejen de ser concesionarias de un servicio público esencial y pasen a un régimen de licencias transferibles.

5.-Un Consejo Superior de Medios Audiovisuales y Multimedia con competencias sobre todas las televisiones, sea cual sea su ámbito de difusión, y que deje a los jueces sus competencias constitucionales en materia de derechos fundamentales.

6.-  Reducir la obligación de cobertura mínima de la TDT para los privados, desde el 96% actualmente exigido, al 90% de la población, otorgando a la cobertura superior al 90% el carácter de servicio universal, que deberán financiar las administraciones públicas (central, autonómica y local).

7.- Suprimir la obligación a las televisiones privadas de destinar el 5% de sus ingresos brutos a la financiación del cine.

8.- Aprobar la Comisión de Propiedad Intelectual, para que sea este organismo independiente el que decida mediante arbitraje el precio justo de los derechos de autor cuando el usuario y el propietario no se pongan de acuerdo.

El presidente de Uteca ha terminado subrayando su confianza en que el actual Gobierno solucione en esta Legislatura los problemas del sector audiovisual español.