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adigital, disconforme con el proceso de elaboración de la Ley de Propiedad Intelectual

La Asociación muestra su enfado porque no se ha realizado ningún tipo de consulta ni información previa, tal y como se había comunicado a adigital desde esferas gubernamentales

La Asociación Española de la Economía Digital (adigital) quiere expresar su disconformidad con la tramitación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, dado que no se ha realizado ningún tipo de consulta ni información previa, tal y como se le había comunicado a adigital.

La Asociación cree acertado y oportuno el anuncio del Ministerio de Educación y Cultura de acometer la reforma del marco regulador de la propiedad intelectual en España, así como replantear cuál debe de ser el papel de la propiedad intelectual en el contexto económico, tecnológico y social del siglo XXI. Sin embargo, considera imprescindible contar con la participación activa y decidida de todos los sectores implicados, con el fin de garantizar la competitividad de las empresas españolas y la seguridad de nuestro mercado para la inversión extranjera, ambos aspectos vitales para la recuperación de la economía del país.

Por todos estos motivos, a juicio de adigital, es sorprendente que, a tenor de la información a la que ha tenido acceso, desde el Gobierno se pretenda abordar esta reforma tan fundamental con un paquete de medidas que no han sido consensuadas. De aprobarse las nuevas medidas, adigital considera que habrá obligaciones para los prestadores de servicios que pueden cercenar el desarrollo de la economía digital, debilitando al tejido empresarial digital en España, su capacidad competitiva y aportar mayor inseguridad jurídica, alejando así a los potenciales inversores. Una inseguridad que se manifestaría, por ejemplo, en la exigencia de colaboración a los prestadores de servicios de intermediación, servicios de pagos electrónicos y de publicidad, que aparece en el art. 158 del último borrador publicado por terceros, bajo sanción de entre 30.000 y 300.000 euros en caso de una falta adecuada de esa colaboración; sin tener en cuenta las complejas relaciones publicitarias que existen entre editores, soportes y anunciantes o proveedores de medios de pago que, en gran medida, tienen lugar de manera automatizada sin intervención manual.