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Organizaciones sociales piden mayor protección para los menores en el nuevo marco audiovisual

El Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA), plataforma que aglutina más de 50 asociaciones y entidades sociales de muy diverso tipo, ha solicitado a la vicepresidenta del Gobierno un mayor esfuerzo en la protección legal de los menores ante los contenidos televisivos, aprovechando la oportunidad que brinda la próxima incorporación al ordenamiento jurídico español de la nueva Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales.

Los miembros del OCTA recuerdan que a nivel estatal no existe de facto ninguna restricción para los contenidos televisivos a partir de las diez de la noche (momento en el que termina el horario legal de protección del menor), y nada impide la emisión de contenidos que incluyan, por ejemplo, pornografía o violencia gratuita en pleno prime time.

Esta situación, que es atípica en la Unión Europea, se aleja de lo señalado por la Directiva comunitaria, hasta el punto de que algunas Comunidades Autónomas al desarrollar su propia legislación audiovisual ha tratado de paliar esta carencia estableciendo nuevas cautelas horarias para tales contenidos (por ejemplo, prohibiendo su emisión antes de las 12 de la noche) u obligando a su emisión sólo por cadenas de pago.
 
La propuesta del OCTA, utilizando la terminología de la Directiva de Servicios de medios audiovisuales, es permitir a los distribuidores de tales servicios la emisión de contenidos que puedan afectar seriamente al desarrollo físico, mental o moral de los menores sólo cuando exista consentimiento expreso para su recepción por parte de los usuarios mayores de edad. Ello significa que tales contenidos no podrían ser emitidos por los actuales canales analógicos en abierto, sino sólo a través de sistemas interactivos que permitan el bloqueo de contenidos o control parental: televisión digital por cable, por satélite, por ADSL, IPTV o televisión por internet, y también a través de la TDT en abierto siempre y cuando dicho control parental sea posible. En este sentido, el OCTA exige que los receptores de televisión se vendan obligatoriamente con el control parental activado por defecto.
 
El Observatorio considera que esta medida se adecua a lo señalado por la nueva Directiva (que habla de servicios de comunicación audiovisual a petición), y está en línea con las regulaciones de países como Francia, Gran Bretaña o Italia, e incluso con la de alguna Comunidad Autónoma como Cataluña. Además, permite conciliar al máximo la libertad de expresión y comunicación con la protección de los menores espectadores.