UTECA afirma su voluntad de afrontar la responsabilidad social corporativa en el ámbito de las televisiones
Dada la responsabilidad permanente de prescripción que tienen las televisiones, José Manuel Lara, presidente de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), ha destacado el compromiso de las televisiones privadas para dar a los espectadores “lo bueno que cabe esperar de la digitalización”, un proceso que requiere resolver en paralelo cuatro temas fundamentales: los modelos de financiación de las televisiones públicas, el dividendo digital, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la legislación de protección de la industria del cine. El presidente de UTECA ha considerado que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo despeja las dudas sobre el modelo de financiación de la televisión pública estatal, y ahora falta saber cómo se resuelve en el caso de las televisiones autonómicas, y sobre todo “saber cuáles son los objetivos de las televisiones y cómo cada euro público que se invierte en ellas puede ser rentable para los ciudadanos, cuáles son los contenidos que deben difundir y cuáles los costos máximos posibles”. Sobre la reasignación de frecuencias para las televisiones como consecuencia del llamado dividendo digital, Lara ha demandado una solución que mantenga la actual oferta de canales y abra las posibilidades de la alta definición. También ha hablado de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la espera de dictamen por el Consejo de Estado, y que también afecta a las televisiones. “No podemos seguir pensando que cualquiera que se lo proponga pueda constituir una sociedad que nadie sabe a quién representa y que puede cobrar derechos que a lo mejor ya se están pagando a sus beneficiarios”, dijo. Así, el presidente ha solicitado que el texto que se remita al Consejo de Estado salvaguarde la equidad sin atribuir posiciones ventajosas a las entidades de gestión de derechos que desvirtúan los esfuerzos de adaptación a la jurisprudencia del anteproyecto. Sobre las obligaciones impuestas a las televisiones para la protección al cine como una actividad separada del resto de la industria audiovisual, Lara ha recalcado que la actual normativa no ha conseguido sus objetivos, por cuanto cada vez se produce y se factura menos cine español y hay menos espectadores en las salas, por lo que “conviene revisar el modelo con cierta urgencia”.
Por su parte, Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta de Gobierno, se ha mostrado convencida de que el presente y futuro del sector audiovisual pasa por su capacidad de generar contenidos de calidad, lo que cual exige la creación y fortalecimiento de una verdadera industria audiovisual apoyada en la fuerza del español como vehículo de expansión cultural. Sáenz de Santamaría ha animado también al sector a reflexionar sobre los efectos que los cambios tecnológicos y de hábitos pueden tener en los ciudadanos, recordando que el pasado octubre comenzó su andadura la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con atribuciones para velar por el respeto de los derechos de los menores y demás colectivos vulnerables, y consideró importante sensibilizar a la sociedad de la importancia de estas cuestiones, tanto por parte de los poderes públicos como por los profesionales del sector.