A pesar de ser uno de los sectores que más contribuyen al desarrollo nacional, el sector alimentario necesita una mayor regulación respaldada por la evidencia científica y mejor educación del consumidor
El sector alimentario es la principal fuente de riqueza en España, con una renta de más de 111.000 millones de euros y 2,5 millones de puestos de trabajo. Además, España es el cuarto mayor exportador de alimentos de la Unión Europea con casi un 10% del total. El sistema alimentario nunca antes ha estado tan interconectado como ahora ni presenta la cantidad de retos que ahora enfrenta, recogidos en el Informe de la Oficina Alimentaria de LLYC.
El primero de los retos que plantea el actual sistema alimentario español es la soberanía, ya que este es vulnerable a factores contextuales significativos, como los acontecimientos geopolíticos. Situaciones como la guerra de Ucrania o la sequía en el canal de Panamá, hicieron que los precios de los bienes básicos aumentaran significativamente. Así, ganar en soberanía alimentaria se ha convertido en algo necesario, tras conocer que la UE tiene una alta dependencia extranjera en más de 323 productos divididos en bloques críticos.
La actual Ley de Cadena Alimentaria se encuentra en el centro de una serie de controversias que derivan en una solicitud general para que se vigile su cumplimiento. Desde el plano político, se ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para la creación de una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario que incremente la capacidad administrativa de control e inspección con mayores medios.
Desde la consultora también dan espacio a la problemática de la sostenibilidad, sin dar la espalda a la competitividad. Las políticas de impulso de la sostenibilidad medioambiental y de la circularidad han ocupado un gran protagonismo en el último lustro, principalmente por parte de la Unión Europea, a quien España ha tomado de referente. Sin embargo, la implementación de estas políticas se ha visto entorpecida por la oposición de los sectores de la producción y de la industria transformadora, así como de la distribución minorista. Estas regulaciones son necesarias, pero siempre evitando el decrecimiento de nuestra competitividad, que sería uno de los peores escenarios posibles.
También hay que tener en cuenta la necesidad de educar a los ciudadanos y de basar las legislaciones en evidencias científicas y con fundamento. Alguna de las medidas que ya se tomaron en su día fue el aumento del IVA a las bebidas azucaradas, por ejemplo, que esta basada en estudio e informes que avalan su implantación.
Aun así, falta poner el foco en la educación de los consumidores, incluyendo hábitos de consumo saludables y de adecuación de las pautas de consumo a criterios de sostenibilidad, así como fomentar el deporte y la actividad física.
Uno de los obstáculos con los que este y muchos sectores han de luchar es el de la desinformación. Esta infoxicación (intoxicación de información) es aún más sensible en lo referente a la alimentación y provoca una merma en la reputación del sector. Se necesita de una acción decidida y coordinada entre todos los actores de la cadena alimentaria. La vía de la evidencia empírica es la única que puede dar lugar a un debate sosegado, claro y constructivo que culmine en la articulación de medidas que mejoren la competitividad de nuestro sistema alimentario, aseguren su sostenibilidad económica y reduzcan el ruido en el debate público.
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Los nuevos retos del sector alimentario español
