El Acuerdo de Corregulación amplía la supervisión sobre la clasificación de contenidos de televisiones, plataformas de ‘streaming’ y determinados creadores digitales y permite a los ciudadanos reclamar ante posibles incumplimientos
El Acuerdo de Corregulación para la Calificación de Programas y Contenidos Audiovisuales entró en vigor el pasado 10 de septiembre con el objetivo de reforzar la protección de los menores frente a contenidos que puedan resultar perjudiciales para su desarrollo.
El acuerdo establece la aplicación de un nuevo Código de Conducta para la calificación por edades y el uso de descriptores temáticos en programas, series y otros contenidos audiovisuales, en línea con lo establecido en la Ley General de Comunicación Audiovisual.
El sistema afecta a contenidos difundidos por televisiones, servicios bajo demanda, plataformas de ‘streaming’ y creadores digitales adheridos al Código. La correcta clasificación resulta especialmente relevante para el funcionamiento de herramientas como los controles parentales y los sistemas de verificación de edad.
Una de las principales novedades es la creación de un procedimiento de reclamación gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los ciudadanos podrán presentar quejas cuando detecten contenidos sin calificación o que consideren incorrectamente clasificados, con especial atención a aquellos dirigidos a adultos.
En la evaluación y resolución de estas reclamaciones participarán, además de las empresas, organizaciones sociales como la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Icmedia y la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI).
En el caso de los prestadores audiovisuales que no estén adheridos al Código, los posibles contenidos perjudiciales para menores podrán continuar denunciándose directamente ante la CNMC mediante el procedimiento correspondiente.
El nuevo modelo busca así reforzar la corresponsabilidad entre operadores, regulador y sociedad civil en la clasificación de los contenidos audiovisuales y mejorar la protección de niños y adolescentes ante el actual ecosistema de televisión, plataformas y contenidos digitales.