La financiación de RTVE respeta la normativa europea sobre ayudas públicas

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no se pronuncia todavía sobre la legalidad de la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones

La Comisión Europea ha dictaminado que el nuevo sistema de financiación de Radio Televisión Española respeta la normativa comunitaria sobre ayudas públicas, dado que garantiza que la televisión pública no recibirá una compensación excesiva por prestar servicios públicos de radiodifusión. No obstante, el Ejecutivo comunitario mantiene abierto el procedimiento de infracción para determinar la legalidad de la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad (hasta ahora, y desde el pasado mes de septiembre, los operadores contribuyen a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, las cadenas privadas con el 3% y las de pago el 1,5%). De momento, el examen de Bruselas verificó que el mecanismo de financiación no ofrece una compensación excesiva. Por otra parte, ha tenido que comprobar si las tasas de nueva creación son parte integrante del régimen de ayudas, ya que en este caso la compatibilidad de éstas se vería afectada por la legalidad de las tasas, las cuales están siendo examinadas en un expediente paralelo lanzado en marzo de este año.
Por su parte, la investigación de la Comisión puso de manifiesto que el importe concedido a RTVE no depende de los ingresos generados por estas tasas, sino que sólo está determinado por los costes netos de funcionamiento del organismo de radiodifusion y que por lo tanto, la compatibilidad de ayuda no depende de que los impuestos sean finalmente legales o no. Asimismo, el Ejecutivo comunitario señaló que España ha demostrado la existencia de salvaguardias para evitar un exceso de compensación.
En cuanto al segundo expediente abierto contra la financiación de TVE, no se ha tomado todavía una decisión sobre si se pedirá o no a España que suprima la tasa impuesta a las telecos.De momento, Bruselas considera que esta tasa podría ser incompatible con la legislación comunitaria sobre telecomunicaciones y perjudica indebidamente a los operadores, limitando las inversiones en nuevas redes y afectando negativamente a los clientes.