Una de cada diez empresas no está segura de haber tenido en cuenta todas sus bases de datos
El 60 % de las empresas europeas no están preparadas para cumplir el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR) que entrará en vigor el próximo 25 de mayo. De éstas, una cuarta parte (24 %) está considerada ‘en riesgo’ de incumplimiento y el 36 % ‘con problemas’, lo que hace prever decenas de miles de millones potenciales en multas. En el caso español la situación no es mejor. De hecho, al 76 % de las empresas españolas les preocupa su capacidad para cumplir el GDPR y una de cada diez no está segura de haber tenido en cuenta todas sus bases de datos.
Los datos, extraídos por la compañía tecnológica de software Senzing, están basados en las opiniones de más de 1.000 ejecutivos senior de empresas de Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia y ponen de relieve tanto la falta de conciencia sobre el GDPR como un exceso de confianza al pensar que no se verán afectadas.
La investigación de Senzing revela que, de media, una empresa recibirá 89 consultas GDPR al mes, para las que necesitará buscar en una media de 23 bases de datos diferentes, y cada una de ellas le llevará alrededor de cinco minutos. El tiempo total empleado en la búsqueda de datos cada mes superará los 10.300 minutos (172 horas), lo que equivale a más de 8 horas de búsqueda por jornada laboral -o un empleado dedicado en exclusiva a las consultas sobre el GDPR. El problema es incluso más pronunciado entre las grandes compañías. Estas esperan recibir una media de 246 consultas GDPR al mes, para lo que necesitarán buscar en una media de 43 bases de datos diferentes, lo que les llevará más de siete minutos en cada búsqueda. Emplearán más de 75.500 minutos mensuales (1.259 horas), lo que equivale a casi 60 horas de búsqueda por cada jornada de trabajo -o 7,5 empleados dedicados en exclusiva a las consultas sobre el GDPR cada día.
A menos de cuatro meses de la entrada en vigor del GDPR, el hecho de que más de tres cuartas partes de las empresas españolas estén preocupadas por su capacidad para cumplirlo activa la alerta roja ya que muchas empresas cotizadas podrían enfrentarse a multas y su valoración podría verse perjudicada. Sin embargo, solo el 44 % de las empresas españolas son conscientes de que las potenciales sanciones económicas que acarrea la no conformidad con la normativa, que en el peor de los casos puede llegar a los 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual. El 23 % afirma que las sanciones económicas no tendrán ningún impacto; y el 7 % reconoce que no sabe cuál será el impacto de las multas.