Nueva protesta del sector online sobre la política de ecommerce en Europa
Las organizaciones aDigital (Asociación Española de la Economía Digital) y REi (la red de empresas de internet), además de otros actores del sector del comercio electrónico en España, como Pixmania.com y vente-privee.com, entre otros, han mostrado su desacuerdo con la nueva ley europea de ecommerce. Las nuevas medidas adoptadas por el Parlamento Europeo (24 de marzo de 2011*) en el marco de la Directiva sobre los derechos de los consumidores, podrían poner en peligro el desarrollo del comercio electrónico en toda Europa. Pero lo que más destacan estas organizaciones a este respecto, es que dichas medidas resultan “exageradas y desproporcionadas”, ya que según la proposición de la directiva “Derechos de los consumidores”, todos los sitios de comercio electrónico en España, tendrían la obligación de distribuir sus productos a toda Europa.
En la mayoría de los países europeos, el cliente dispone de 7 días para cambiar de opinión y devolver el producto. El Parlamento Europeo ha decidido extender este periodo legal de derecho de retractación al doble: 14 días (14 días para la notificación y 14 días para la devolución del artículo). En total, la duración del derecho de retractación es de 1 mes, es decir, 4 veces superior al plazo que existe actualmente. Según el texto de la directiva el vendedor deberá reembolsar al consumidor antes de haber recibido el producto devuelto, con el riesgo de descubrir posteriormente que quizás el producto esté estropeado, en malas condiciones o incluso inutilizable.
Además, para cualquier pedido cuyo importe supere los 40 euros, la empresa se verá en la obligación de reembolsar los gastos de devolución (además de los gastos de envío) al cliente, que al cabo de 14 días, puede cambiar de opinión y decidir devolver el producto. “En este sentido, estas medidas podrían poner en riesgo el equilibrio financiero de muchas empresas en Europa por dos razones – explican los responsables de las asociaciones- Directamente por el coste directo que representan (es decir, para un pedido de 40 euros, la pérdida directa para el vendedor puede ser estimada en 10 euros, sin contar la pérdida causada por productos eventualmente estropeados); e indirectamente, porque estas medidas pueden causar de igual manera un fuerte aumento del número de productos devueltos, puesto que puede incitar a ciertos clientes a pedir varios productos a la vez, incluso sin que haya una intención real de compra. El impacto de esta medida es de tal importancia que la gratuidad de los gastos de envío y de devolución se aplicará a todos los pedidos, incluidos los productos enviados a países no pertenecientes a la Unión Europea”.
Los actores del mercado aseguran que estas medidas tendrán una repercusión negativa entre los consumidores, así como un impacto inevitable en el nivel general de los precios. “Teniendo en cuenta los bajos márgenes de beneficio ya constatados en el comercio electrónico, la mayoría de las empresas no tendrán otra salida que aumentar sus precios de venta en internet”, detallan. Según las nuevas imposiciones legales “los clientes que realizan pedidos de manera regular por Internet, y devuelven ocasionalmente sus productos, pagarán ‘los platos rotos’ de aquellos otros que piden 3 ó 4 productos a la vez, o incluso otros que, ante esta iniciativa, simplemente quieran disfrutar del producto durante 1 mes sin ningún tipo de consecuencia económica”.
Otros factores a considerar, según recuerdan las asociaciones, son el impacto negativo por la falta de competencia, así como la reducción de oferta de productos disponibles en internet. “Habrá menos competencia y, por tanto, menos diversidad de precios y productos”.
Si el Parlamento europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión europea se ponen de acuerdo, la primera versión del texto se aprobará el próximo 30 de mayo. Y el sector demanda una consulta por parte del Parlamento Europeo, que “no ha tenido en cuenta la opinión de los profesionales, ni tampoco el posible impacto económico que estas medidas podrían suponer”. El comunicado conjunto de las asociaciones y las dos empresas citadas solicita al gobierno español que no apoye el texto adoptado por la Comisión IMCO.