El lobby y su (falta de) regulación en España

Almudena Alonso

Con motivo del 15 aniversario de Cohn & Wolfe, queremos reflexionar sobre los cambios que se han producido en la comunicación y las relaciones públicas en estos últimos 15 años y cómo se perfila esta profesión en el futuro. Uno de los ámbitos de trabajo de los profesionales de PR es el lobby, una muy digna actividad machacada y malinterpretada por muchos y que no ha logrado una buena imagen en este largo tiempo. 

Poco ha cambiado desde principios de los años 2000 en cuanto a la percepción de la opinión pública española de lo que es el lobby. El desconocimiento y la falta de regulación en nuestro país hacen que la gente poco menos que equipare lobby a ilegal o crea que consiste en diseñar maquiavélicos planes que no se paran ante nada, por muy perverso que sea lo que haya que llevar a cabo.

En nuestro país existe una estrecha relación entre el poder económico y el poder político, existen puertas giratorias y existe mucha corrupción, lo sabemos. Pero el lobby precisamente nada tiene que ver con todo eso y el regularlo y dotar de transparencia las relaciones ayuda a evitar esos males.

Creo que muchas personas conocieron el término lobby en 2002, con el documental “Bowling for Columbine” de Michael Moore que realizó una interesante reflexión sobre la relación de EE.UU. con las armas y nos acercó al lobby de la NRA, que tiene cuatro millones de miembros que pagan cuota. En la última campaña electoral en EE.UU., la Asociación Nacional de Rifle gastó unos 24 millones de dólares, y tienen un enorme poder, pero, ante todo, han grabado a fuego en la mente de los americanos que es inconstitucional impedir que una persona posea armas. El Tribunal Supremo les ha dado la razón en dos recientes sentencias de 2008 y de 2010, la primera cuando la ciudad de Washington trató de limitar el derecho. Puede gustarnos o no, pero lo hacen de forma abierta, legítima y transparente, ya que accedemos con facilidad a los datos de las reuniones que mantienen y con quién, las donaciones que ofrecen, etc.

Este es un ejemplo de un lobby que representa un interés muy determinado, con el que podemos estar en profundo desacuerdo; pero el lobby en sí es más que legítimo en una sociedad democrática y tan solo significa representar los intereses de un colectivo constituido como grupo de presión, sea este el de empresas productoras de un producto, una ideología, una ONG, etc.

Lógicamente, para defender los intereses de un colectivo, los lobistas deben estar en contacto con los reguladores y decisores en su actividad concreta y exponer sus puntos de vista de forma transparente para que se tomen en cuentas esas opiniones en la toma de decisiones. Hay que recordar que los políticos son nuestros representantes y no solo es que puedan, es que deben reunirse con los ciudadanos y colectivos y escucharles.

El problema radica en que esta actividad no está regulada en nuestro país como lo está en Estados Unidos y en hasta 12 países europeos pese a que el sector de Relaciones Públicas hemos pedido en muchas ocasiones esa regulación. Hace un par de años existieron iniciativas para que la Ley de Transparencia pudiese establecer ese marco legal para el lobby y el Presidente Mariano Rajoy habló de la conveniencia de esa regulación. Pero parece que quedó en nada, como diferentes proposiciones no de ley que surgieron en el pasado ya que nunca ha existido mucho interés político por desarrollarlas.

La verdad es que es una actividad menos misteriosa y oscura que tiene que ver más con el conocimiento técnico de procesos y funcionamiento de las instituciones, la monitorización, las reuniones incesantes con parlamentarios y políticos en sus lugares de trabajo y la elaboración de dossieres y materiales informativos, entre otras rutinas profesionales. Me refiero a actividades como realizar estudios sobre el impacto que podría tener en todo un sector la adopción una u otra medida, recopilar documentación técnica que un perfil político probablemente no conozca, cerrar reuniones introductorias, etc. Por eso, estamos orgullosos de trabajar en programas de lobby de sectores de actividad con intereses muy legítimos, que están muy pendientes de posibles cambios legislativos o decisiones que puedan afectar a su viabilidad y sostenibilidad en el futuro.

Además nos parece que regular el lobby ayudará a ganar influencia también a pequeños sectores. Existe la creencia extendida de que el lobby solo está al alcance de los más poderosos, con los suficientes recursos para influir en los poderes públicos. Pero no olvidemos que las élites del poder no son precisamente las que necesitan una regulación para garantizar su acceso a los políticos, y en cambio, los menos poderosos sí se podrían ver muy beneficiados.

Por ello esperamos que no pasen otros 15 años para poder trabajar dentro de un marco definido, con un registro de actividades de lobby que nos permita no ser mirados con desconfianza. A raíz de la crisis, todos somos conscientes de que hay que tomar un papel más activo en los asuntos públicos, así que un lobby regulado beneficiaría a empresas, profesionales y sobre todo a los ciudadanos que podrían conocer las relaciones de los políticos que les representan y avanzar hacia una mayor transparencia.

Almudena Alonso, directora general de Cohn & Wolfe

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