La AEEPP pide que la publicidad institucional se someta a la Ley de Transparencia
La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP ha pedido a los partidos políticos que incluyan la publicidad institucional entre las actividades recogidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. En boca de su presidente, Arsenio Escolar, la AEEPP propone que la publicidad institucional “sea incluida entre las actividades obligadas a publicidad activa”, de modo que todo organismo público publique de forma periódica y actualizada “no solo qué agencia o agencias gestionan y planifican cada campaña sino también en qué medios y soportes se ha invertido finalmente hasta el último céntimo”. Incluir la publicidad institucional en la ley en trámite supondría, según Escolar, dar un buen paso “no sólo en la mejora de la gestión de la publicidad institucional y de la transparencia de las administraciones públicas sino también en el funcionamiento del libre mercado e incluso de la libertad de prensa y de la profundización del Estado democrático”.
AEEPP ha trasladado al Gobierno y ahora a los grupos parlamentarios su “inquietud y malestar por la mala gestión que se hace de la publicidad institucional por parte de algunas administraciones públicas” que “no sólo incumplen la Ley de Publicidad Institucional sino incluso la Ley de Contratos del Sector Público”. “No hay suficiente publicidad y transparencia en los procedimientos, ni suficiente concurrencia e igualdad de trato, y existen, por el contrario, discriminaciones flagrantes, agravios comparativos, adjudicaciones no trasparentes... que están causando incluso situaciones de competencia desleal en nuestro sector. Competencia desleal amparada y fomentada por las administraciones públicas, que debieran hacer lo contrario: velar por el correcto funcionamiento del libre mercado”, afirma Escolar en su carta.
Recientemente, AEEPP ha creado un Observatorio de la Publicidad Institucional, desde el que se recaba información de las instituciones públicas sobre este asunto, se atienden las reclamaciones y quejas de los editores que se consideren discriminados en las campañas y se vigila para erradicar las malas prácticas.