El 91% presenta irregularidades en sus pliegos de licitación, según el estudio realizado por la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT) y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La Fede)
El 91% de los concursos de creatividad y gestión de medios convocados por las administraciones públicas durante el primer trimestre de 2021 presenta algún tipo de irregularidad, según se desprende del primer estudio realizado por el Observatorio de Concursos Públicos de Publicidad, impulsado por la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT) y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (La FEDE), tras analizar 118 licitaciones públicas valoradas en 250 millones de euros y presentadas en los tres primeros meses de este año.
El estudio, dirigido por Fernando Montañés, profesor de Publicidad de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Nebrija, y realizado en colaboración con Infoadex y CIPESA, revela que del total de los concursos analizados, el 51% requiere una facturación desproporcionada para poder participar, en el 65% prevalece el criterio económico por encima de la propuesta técnica y creativa, en el 42% los plazos para presentar los proyectos son insuficientes y, el 91,5% de los casos, solo se permite la presentación electrónica.
‘El uso de los recursos públicos debe ser ejemplar y, para ello, hay mucho que mejorar en la contratación de publicidad, tanto de medios como de creatividad, por parte de las administraciones’, según José Carlos Gutiérrez, presidente de la FEDE. Por su parte, José María Rull, vicepresidente de la ACT, cree que ‘es muy importante trasladar las mejores prácticas de la empresa privada a las administraciones en la medida que lo permita la ley de Contratos del Sector Público’.
Preguntados por las vías de negociación con la Administración, reconocen que ante la negativa a ser recibidos por la Secretaría de Estado de Comunicación, que es quien podría tomar decisiones al respecto y recomendar a las diferentes administraciones del Estado y de las Autonomías, solo queda la evidencia que subyace de las conclusiones del Observatorio, que tendrá periodicidad trimestral, y continuar con las denuncias realizadas cuando se percibe que un concurso no cuenta con las debidas condiciones técnicas, económicas y legales aceptables.
Entre las conclusiones principales, el informe propone un plazo mínimo de tres semanas para poder presentar las propuestas, presupuestos ajustados a los requerimientos técnicos, ofrecer alternativas compatibles con los problemas técnicos de la plataforma oficial para presentar documentación y que la oferta económica sea posterior a los criterios técnicos, para que no se convierta en el único criterio de adjudicación.
Ambas organizaciones han puesto el informe con recomendaciones de mejores prácticas a disposición de todas las administraciones para garantizar la transparencia, la igualdad de las empresas participantes y la posibilidad de adjudicación al máximo de agencias y empresas que puedan ofrecer los servicios requeridos por las distintas administraciones públicas.
Criterios del Observatorio de concursos públicos
Los criterios se aplican a partir de un presupuesto a 100.000€ de salida, que son los concursos llamados de “mayor cuantía”. A partir de ahí se analizan los siguientes puntos a cumplir:
- Oferta Económica. Que la oferta económica no sea el principal criterio de adjudicación, por encima de otros criterios como la valoración técnica.
- Plazo de presentación. Ha de ser igual o superior a tres semanas.
- Que los presupuestos no sean excesivamente reducidos en relación al servicio/trabajo que hay que realizar.
- Que no promuevan la baja excesiva. No debe admitir o promover la comisión cero o una baja excesiva.
- Que no restrinjan injustificadamente la libre competencia, por ejemplo, mediante requisitos abusivos (avales, licencias...) y no justificados. Concretamente, que se exijan avales previos por entre el 80% y el 100% del máximo permitido por la ley.
- Vías de presentación. Que tengan más que una vía de presentación y ofrezcan alternativas a la hora de presentar, por la posible existencia de problemas con la plataforma. Es habitual que se produzcan problemas técnicos y que haya agencias que no puedan participar.
- Exigencias de facturación razonables. Que no soliciten una facturación no acorde con el presupuesto de licitación, algo innecesario sobre todo si la empresa está homologada con la clasificación correspondiente. El baremo establecido es que no se supere el 70% para los concursos de menos de 500.000 euros, y el 20% para los que tienen mayor presupuesto.
- Orden de apertura de ofertas: Que las ofertas económicas (criterios objetivos, mediante fórmulas) no se abran antes que las técnicas (criterios subjetivos, sometidos a juicios de valor), pues en ese caso el criterio de adjudicación pasa a ser fundamentalmente económico.
- Comités de Expertos: Cuando la Ley obliga a la constitución de un Comité de Expertos con alta implicación (más de un 50% de la puntuación), que esté constituido por expertos cualificados del sector publicitario, al igual que a los representantes cualificados de los públicos objetivos a los que se dirige la acción, y estos expertos sean dados a conocer en las bases de la convocatoria.