Aunque la nueva regulación se ajusta a la creciente preocupación de los consumidores sobre la privacidad de sus datos, todavía deja algunas dudas en el aire.
El Reglamento General de Protección de Datos Europeo (RGPD) empezará a aplicarse en 2018, imponiendo a empresas y gobiernos nuevas medidas de seguridad más estrictas relacionadas con la protección de la información. El objetivo pasa por simplificar, armonizar y reforzar la protección de la privacidad de los consumidores en los 28 países de la Unión, incluyendo para ello la puesta en marcha de altas sanciones, llegando incluso a superar más del 4% de los beneficios, o bien los 20 millones de euros.
El año pasado, el estudio sobre el ‘Estado de la Privacidad’, de Symantec, mostró que casi el 80% de los españoles están preocupados por la protección de sus datos y que el 88% valoraban que la seguridad de la información es más importante que la calidad y el servicio al cliente al adquirir un producto. Esta nueva regulación parece, por lo tanto, ajustarse y responder a las crecientes preocupaciones de los consumidores sobre la privacidad de sus datos.
No obstante, el texto del Reglamento General de Protección de Datos Europeo todavía presenta algunas dudas relacionadas con el tipo de empresas y de datos a las que se refiere el reglamento. También quedan dudas acerca de cuáles son las obligaciones exactas y los elementos clave a considerar, cuáles son los pasos necesarios para cumplir con lo que estipula en los plazos exigidos o si existe alguna práctica idónea que se deba seguir.